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- En febrero, Colombia podría presenciar la introducción de un proyecto legislativo para regular el mercado de criptomonedas.
- La propuesta incluirá colaboración entre el gobierno y el sector cripto, enfocándose en normativas y seguridad jurídica.
En la nación colombiana, la anticipación crece en torno a la presentación gubernamental de una iniciativa legislativa para la normativa de Bitcoin, prevista para el mes venidero de febrero. Esta expectativa se cierne en el ambiente mientras se aguarda el comienzo del próximo ciclo de sesiones en el Congreso.
Dicha propuesta, centrada en la regulación del ámbito criptomonetario en Colombia, se encuentra en el umbral de ser expuesta. Esta es la expectativa de ciertos integrantes de la comunidad local, quienes han estado laborando en el proyecto legislativo desde el año anterior.
De acuerdo a lo expresado por Mauricio Tovar, en su calidad de embajador del país sudamericano en la Alianza Blockchain Iberoamérica, la propuesta ya está preparada y reposa en manos del poder ejecutivo. La esperanza radica en que sea introducida en el Congreso al retomarse las actividades legislativas.
Después de un intervalo en diciembre pasado, el Congreso colombiano reanudará sus labores el día 16 del mes entrante. A partir de ese momento, el gobierno tendrá la oportunidad de someter el proyecto a consideración, para su posible inclusión en los debates venideros.
Se trata de un planteamiento que, desde 2023, ha sido elaborado de manera conjunta por participantes del ecosistema Bitcoin y entidades gubernamentales. En este esfuerzo colaborativo participan el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia Financiera, el Banco de la República y agrupaciones gremiales como Colombia Fintech y Asoblockchain.
La comunidad colombiana alberga la aspiración de que, esta vez, el proyecto reciba aprobación, tras varios intentos previos que no prosperaron en el Congreso. Esta circunstancia ha incrementado la urgencia de contar con una legislación pertinente.
En este contexto, Tovar y otros miembros del ecosistema han resaltado, ante representantes del Gobierno Nacional, el Congreso de la República, el sector empresarial y académicos, la relevancia de regular de manera definitiva la industria de las criptomonedas.
Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech, respalda esta visión, subrayando la necesidad de regular y brindar seguridad jurídica a los usuarios.
En una declaración, Santos rememora como antecedente relevante la reciente aprobación de los ETF de Bitcoin por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Confía en que este hito histórico influirá en los reguladores de su país y los motivará a aprobar la propuesta legislativa, evitando que Colombia se quede a la zaga.
Por su parte, el gobierno colombiano ha mostrado su disposición a legislar en esta materia. Así lo ha declarado recientemente el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien, durante su intervención en el Foro de Davos, afirmó que la legislación está avanzando.
«A partir de una mesa de trabajo establecida hace varios meses, se está gestando un proyecto para reglamentar las criptomonedas», comentó.
Esta sería la iniciativa que todos aguardan se haga pública, presentada el año pasado por el superintendente financiero, César Ferrari.
El enfoque del proyecto es establecer normativas para la creación de activos virtuales (AV) y para el funcionamiento de los exchanges de criptomonedas, partiendo de una definición precisa de estos activos.
El objetivo es exigir a los exchanges que proporcionen información a las autoridades bajo un régimen de protección de datos personales. Esto, junto a la «adopción de medidas ambientales, sociales y de gobernanza definidas por el Estado».
Se considera una serie de medidas que parecen responder a las necesidades del sector, según lo plantea el abogado Camilo Gantiva Hidalgo, experto en transacciones de mercado de capitales.
El especialista destaca seis aspectos clave que deben ser abordados en la nueva regulación. Entre ellos, la clasificación de los criptoactivos, la supervisión de las plataformas, la regulación integral de todas las empresas del sector (no solo los exchanges), la protección al consumidor y el fomento a la innovación.
