- Las autoridades venezolanas han confiscado alrededor de 6.288 piezas de equipos de minería durante una redada en dos granjas mineras de Bitcoin en los estados de Portuguesa y Cojedes.
- La policía y el ejército participaron en las operaciones, desmantelando la infraestructura y confiscando equipos importantes como ventiladores de refrigeración y máquinas de minería.
En Venezuela, las autoridades allanaron recientemente dos explotaciones mineras de Bitcoin en los estados centrales de Portuguesa y Cojedes, confiscando unos 6.288 equipos de minería.
Estas medidas forman parte de los continuos esfuerzos del gobierno por desconectar las operaciones mineras del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), argumentando que esto tendría un impacto negativo en la demanda de electricidad.
En una operación, las autoridades se incautaron de 5.995 máquinas en Portuguesa que no estaban en funcionamiento en el momento de la redada. La operación se llevó a cabo con el apoyo de fuerzas policiales y militares.
En Cojedes, más concretamente en la finca de Dimitras C.A. en el municipio de Tinaco, se desmanteló toda la infraestructura asociada a la minería de Bitcoin.
Ascensión García Caballero, gerente regional de Corpoelec, indicó que en Cojedes fueron incautadas 293 máquinas mineras, 22 ventiladores de refrigeración y otros importantes equipos de minería. Estas medidas forman parte del «Plan Especial de Inspección de Carga» , que busca mejorar el suministro eléctrico en el país, caracterizado desde hace años por frecuentes interrupciones y deficiencias.
El Ministerio de Energía Eléctrica, en colaboración con Corpoelec y el Ministerio Público, ha hecho un llamado a los ciudadanos a través de las redes sociales para que denuncien las actividades ilegales de minería digital.
Estas medidas se presentan como una solución a los problemas energéticos de Venezuela, que actualmente tiene un déficit energético de unos 3.000 megavatios, con sólo 10.000 MW disponibles de los 13.000 MW que necesita la población.
Apesar de la legalización de la minería de Bitcoin en Venezuela y de que el país es pionero en la regulación de esta actividad, la situación ha cambiado drásticamente en 2023. La intervención de la Sunacrip y la detención de Joselit Ramírez, ex superintendente, como parte de un escándalo de corrupción, marcaron un cambio en la política gubernamental hacia la industria minera.
Este cambio ha llevado a una ilegalización de facto de la actividad, afectando no sólo a la minería sino también a la venta de equipos y servicios técnicos relacionados.
Las recientes medidas del gobierno han aumentado la incertidumbre en la industria minera, y aunque se promete que la paralización de las operaciones mineras mejorará el suministro eléctrico, muchos ciudadanos expresan su escepticismo sobre la eficacia de estas medidas en las redes sociales del Ministerio de Energía Eléctrica.
Estos acontecimientos ponen de relieve un prolongado período de incertidumbre para la minería de Bitcoin en Venezuela.
