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- El equipo de JPMorgan afirma que la iliquidez y la naturaleza del volumen de BTC tienen el potencial de causar una considerable limitación en su uso como medio de intercambio en El Salvador.
- La Ley del Bitcoin ha sido recibida con críticas a nivel local, e incluso algunos ciudadanos han presentado una demanda contra el gobierno.
La decisión de El Salvador de declarar el Bitcoin como moneda de curso legal podría tener consecuencias nefastas no sólo para la criptomoneda sino también para el país. Esto es según un informe de JPMorgan Chase & Co. En el informe del jueves, un equipo de JPMorgan que incluía a Steve Palacio, Joshua Younger y Verónica Mejía Bustamante discutió las posibles limitaciones en el uso de la criptomoneda como medio de comercio diario. El equipo señaló los grandes volúmenes de negociación diaria de la popular criptomoneda, que suelen superar los 40.000 o 50.000 millones de dólares, la mayor parte de los cuales son internalizados por las principales bolsas. También señalaron que el 90 por ciento del Bitcoin existente había permanecido sin utilizar durante más de un año.
«La actividad diaria de pagos en El Salvador representaría el ~4% del volumen de transacciones recientes en la cadena y más del 1% del valor total de los tokens que se han transferido entre carteras en el último año», decía el informe.
Según el informe, la iliquidez y la naturaleza del volumen son «potencialmente una limitación significativa en su potencial como medio de intercambio.»
La Ley del Bitcoin y sus implicaciones
La «Ley Bitcoin» de El Salvador fue aprobada el 8 de junio. Para ello, más de un tercio de la legislatura del país votó a favor del proyecto de ley. El proyecto de ley fue propuesto por el presidente Nayib Bukele. Se espera que se apruebe el 7 de septiembre. A partir de entonces, todos los negocios estarán obligados a aceptar la criptomoneda como medio de comercio. Aquellos que no estén dispuestos a lidiar con su volatilidad tendrán la opción de convertirla instantáneamente a dólares estadounidenses.
El presidente propuso el proyecto de ley en lo que llamó un intento de reducir el coste del envío de remesas y aumentar la inclusión financiera en el país. En el momento de la aprobación del proyecto de ley, sólo el 30% de los salvadoreños tenía acceso a los servicios financieros.
JPMorgan planteó la preocupación de que las conversiones podrían «canibalizar la liquidez en dólares en el país» y causar riesgos en la balanza de pagos y la estabilidad fiscal.
«No es en absoluto correcto», dicen los salvadoreños
La ley ha sido recibida con oposición en el frente interno. Una encuesta realizada por Disruptiva, en la que participaron 1.233 personas, mostró que el 54 por ciento de los encuestados pensaba que la Ley Bitcoin era «nada correcta». Otro 24 por ciento pensaba que era «sólo un poco correcta». El 46 por ciento de los encuestados reveló que no sabía «nada» de Bitcoin y el 65 por ciento no estaba dispuesto a recibir pagos en Bitcoin. Sólo un 20 por ciento estaba a favor de la ley.
Mientras tanto, un grupo de ciudadanos, entre ellos un diputado regional del opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMNL), Jaime Guevara, demandó el mes pasado al gobierno por la ley. Calificaron la ley de inconstitucional. Uno de los demandantes, Oscar Artero, dijo:
Interpongo una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto emitido por la Ley del Bitcoin por ser un decreto carente de legalidad, carente de fundamento, sin considerar la trascendencia y los efectos nocivos que dicha ley causará a este país.
Tras la aprobación de la ley del Bitcoin, el Fondo Monetario Internacional expresó su preocupación por el hecho de que la ley pudiera presentar «desafíos macroeconómicos, financieros y regulatorios».
