- La propuesta distingue entre los criptoactivos descentralizados y los emitidos de forma centralizada, como USD Coin, sujetos a regulaciones específicas.
- El proyecto establece mecanismos de gobernanza y licencias para los activos digitales, reflejando las normas internacionales y las recomendaciones del GAFI.
La ONG Bitcoin Argentina aboga por un marco legal que defina las criptomonedas como activos digitales, proponiendo regulaciones que faciliten las operaciones dentro de la industria. En respuesta a los cambios regulatorios de este año, en particular bajo la administración del presidente Javier Milei, que introdujo controles más estrictos, la ONG Bitcoin Argentina presentó un proyecto de ley destinado a brindar claridad y seguridad a los usuarios y empresas de criptomonedas.
La iniciativa surge en medio de los reclamos de los actores de la industria por regulaciones más claras, impulsados por decisiones gubernamentales que desataron críticas y descontento. En un post de Crypto NEWs Flash hablamos de cómo la ley busca establecer un entorno seguro y transparente para las transacciones de criptomonedas, abordando las preocupaciones planteadas por las partes interesadas.
Según el artículo 1 del proyecto, la ley pretende proteger los derechos de las personas a desarrollar, adquirir, poseer, operar y disponer de criptomonedas descentralizadas como Bitcoin y Ethereum. Estos activos se clasificarían por separado de los activos financieros tradicionales, reforzando la protección de los usuarios independientes que pueden o no utilizar intercambios centralizados.
«Todas las personas tienen derecho a desarrollar, adquirir, poseer, tener, operar y disponer, sin restricciones, de bitcoin y otros criptoactivos descentralizados y a desarrollar y operar en plataformas de servicios descentralizadas. La ley protege la propiedad y los derechos sobre los criptoactivos», señala el texto en su artículo 1.
La propuesta distingue entre criptoactivos descentralizados como Bitcoin y Ethereum, que son tratados legalmente como moneda sin curso legal, y criptoactivos de emisión centralizada como USD Coin (USDC) o Tether (USDT), que estarían sujetos a regulaciones y obligaciones específicas.
Además, la iniciativa esboza mecanismos de gobernanza para cada activo digital, cruciales para la gestión de las criptodivisas, la confianza del público y la determinación de su utilidad, como hemos detallado anteriormente en Crypto News Flash.
El consejero jurídico Rosendo Gravanago enfatizó la necesidad de contar con una ley fundacional que ofrezca definiciones claras y regulaciones precisas, sobre todo en lo referente a si estos activos deben ser tratados de manera similar a los instrumentos financieros tradicionales.
«El punto clave es determinar si debemos considerarlos similares a un activo financiero tradicional y, en caso negativo, qué tratamiento deben recibir. Sería necesario desarrollar una ley base que incluya definiciones más precisas y concretas», dijo Rosendo Gravanago.
Además, el proyecto introduce requisitos de autorización para los activos centralizados, con una supervisión regulatoria designada por el Poder Ejecutivo. Este marco regulatorio pretende reflejar criterios observados en otros países, como Estados Unidos, donde decisiones judiciales han clarificado la aplicación de las leyes de valores a ciertos activos.
La propuesta designa a la Comisión Nacional de Valores (CNV) como ente regulador de los criptoactivos y establece un Registro de proveedores de servicios basados en ellos (PSAV), alineando la normativa local con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
A pesar de algunas críticas de la comunidad Bitcoin sobre su posible impacto en la innovación y la privacidad individual, en particular en relación con las medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, el registro PSAV sigue operativo con 45 empresas autorizadas, lo que muestra una interrupción mínima para la industria.
Si se promulga, el proyecto de la ONG Bitcoin Argentina establecería por primera vez derechos de propiedad claros para los usuarios de criptomonedas descentralizadas.
Legalmente distintos del dinero en efectivo u otras formas de riqueza tradicional, estos activos tendrían su propia clasificación, garantizando la claridad de las obligaciones y regulaciones tanto para las billeteras digitales como para los proveedores de servicios.
