- Los analistas predicen que el próximo objetivo de las acciones coercitivas podrían ser las criptocarteras y las instituciones financieras tradicionales en virtud de las leyes AML/KYC.
- Según la SEC, hay mucho incumplimiento en este ámbito, lo que les obliga a cambiar de estrategia.
La Comisión del Mercado de Valores de EE. UU. (SEC) ha estado tomando medidas enérgicas contra las empresas y los activos relacionados con las criptomonedas por incumplir las leyes sobre valores. Meses atrás, la Comisión fue objeto de intensas críticas por sus acciones de aplicación de la ley contra la industria. Sin embargo, el director de aplicación de la SEC, Gurbir Grewal, respondió que «han trabajado de forma reflexiva e incremental en este espacio». Según él, la falta de cumplimiento en el espacio les obligó a cambiar de estrategia.
La SEC ha emprendido acciones legales contra pesos pesados del sector como Binance, Coinbase, Ripple Labs, etc. Algunos foros de criptomonedas están ahora llenos de discusiones sobre el próximo posible objetivo.
Según los expertos, las criptocarteras y ciertas transacciones de activos digitales podrían ser el próximo objetivo. Sobre la base de las pistas recibidas de la SEC, la Commodities and Futures Trading Commission (CFTC), y el Departamento de Justicia (DOJ), se puede deducir que la aplicación de los activos digitales podría hacerse de dos maneras principales.
En primer lugar, es probable que la Ley de Mercado de Valores de 1934 («Exchange Act») se interprete para incluir la regulación de los monederos Bitcoin y Ethereum como intermediarios.
En segundo lugar, las instituciones tradicionales que se rigen por las leyes contra el blanqueo de capitales y de conocimiento del cliente (AML/KYC) probablemente podrían enfrentarse a problemas de cumplimiento en el ecosistema cripto con respecto a servicios como los mezcladores.
Por qué la SEC podría apuntar a las criptocarteras y a las instituciones financieras tradicionales
La idea de regulaciones de cripto carteras como corredores emanó de la notificación de Wells de la SEC a Coinbase. Entre las diversas acusaciones sobre el intercambio se incluía el uso de la billetera Coinbase como corredor no registrado.
Según ellos, esto violaba la Exchange Act. Coinbase también respondió que el monedero no es más que un software. Es importante señalar que la Exchange Act define a un corredor como «cualquier persona dedicada al negocio de efectuar transacciones de valores por cuenta de terceros».
Para Coinbase, el monedero sólo se utiliza para interactuar con transacciones del mercado secundario que no implican contratos de inversión. La respuesta a la notificación de Wells no convenció a la Comisión, de ahí que demandara a la bolsa.
Las instituciones financieras tradicionales dedicadas a las transacciones de criptoactivos podrían ser el próximo objetivo de las acciones coercitivas centradas en las nuevas herramientas y servicios. Según los expertos, diseñar, implementar y mantener sistemas de cumplimiento para cumplir con las leyes AML/KYC sería una enorme montaña que escalar para estas instituciones.
La aplicación de las leyes AML/KYC podría poner a las instituciones en un aprieto en el que tendrían que confiar en información fuera de su alcance. Se puso como ejemplo la «propuesta de política interna de señalización de transacciones», en la que más del 10 por ciento del valor se remonta al producto del robo. Esto, ciertamente, necesita la cooperación de terceros y podría suponer un reto para las instituciones. El trabajo de depender de terceros para generar entradas hace que el cumplimiento sea costoso en términos de tiempo y dinero.
El CEO de Coinbase, Brian Armstrong, pidió recientemente un «reglamento más claro» para regular el espacio.
Todo está sobre la mesa, incluida la deslocalización o lo que sea necesario.
Brad Garlinghouse, de Ripple, hizo una declaración similar, afirmando que el 80% de sus contrataciones se harían fuera de Estados Unidos.
